La incidencia de la declaración de concurso sobre las cuentas anuales de la empresa se regula en el art. 46 de la Ley Concursal (en adelante LC). Conforme a dicho precepto mientras dure el concurso de acreedores, subsiste la obligación de la empresa de seguir formulando las cuentas anuales, si bien en función de si los administradores de la empresa tienen sus facultades intervenidas o suspendidas, la elaboración de las cuentas corresponde, respectivamente, a los administradores bajo la supervisión de la administración concursal o directamente a la propia administración concursal.

Tras la formulación de las cuentas anuales, estas serán objeto de auditoria según los criterios establecidos en la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) por lo que en esta primera fase de lo que será posteriormente objeto de conocimiento y aprobación por los socios, no hay grandes diferencias entre las sociedades incursas en un procedimiento concursal y las que no.

Es en lo concerniente a la aprobación de las cuentas anuales donde se pone en evidencia las divergencias. Que a una sociedad se le declare en concurso no significa que los socios no formen parte de la misma con los derechos correspondientes, entre otros, el derecho a participar en las ganancias sociales. La situación de concurso no significa que necesariamente la sociedad paralice su actividad, sino que, bien al contrario, la filosofía de la LC es que la sociedad siga desarrollando su actividad empresarial para intentar solventar la situación de insolvencia en la que se encuentra. Los resultados numéricos de esta actividad será aprobada, en su caso, por los socios en sede de Junta General.

Pero la cuestión se torna más compleja en cuanto al acuerdo sobre aplicación del resultado de dichas cuentas. En una sociedad que  no está sujeta a las normas del concurso no hay duda sobre que es un contenido mínimo sujeto al conocimiento de la Junta General: los socios deben aprobar las cuentas, aprobar la aplicación del resultado y se debe hacer constar dichos acuerdos en el oportuno certificado que las acompañe, pues así lo exige el Reglamento del Registro Mercantil para que se puedan depositar las cuentas.

En la LC no hay referencia alguna a que la Junta General pierda la competencia para aprobar las cuentas anuales y decidir sobre la aplicación del resultado durante el concurso de acreedores. Ello no significa que los socios de una empresa en situación de concurso de acreedores tengan total libertad en el momento de adoptar estos acuerdos ya que la LC establece expresamente que los acuerdos que tengan contenido patrimonial o afecten a la evolución del concurso requerirán del visto bueno de la administración concursal para que tengan validez.

Por lo tanto, la cuestión adquiere un matiz más teórico que práctico pues se hace extraño pensar que la administración concursal fuese a dotar de validez un acuerdo de dotar reservas o repartir dividendos, por ejemplo. Pero es que incluso se puede llegar más lejos en el razonamiento y defender que ni siquiera la Junta es competente para decidir sobre la aplicación del resultado.