El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 estableció en su artículo 40 determinadas medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.

Dichas medidas fueron ampliadas mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo y han sido objeto de tratamiento por consulta ICAC, en lo relativo al efecto de las mismas en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales; así por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en lo relativo a la legalización de los libros.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (BOE de 27 de mayo), por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 ha aprobado, entre otras cuestiones, no esperar a la finalización del estado de alarma y reanudar los plazos a partir de 1 de junio de 2020.

En consecuencia, entre estas medidas, y a día de hoy (septiembre 2020), destacamos las siguientes materias el estado de esta cuestión a día de hoy:
1.- Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración:
-Podrán celebrarse por videoconferencia o conexión telefónica, siempre que el Secretario reconozca su identidad.
-Podrán adoptar acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y/lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano.
2.- Se podrán celebrar Juntas Generales de socios por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que el Secretario reconozca su identidad y con obligación para este de remitir inmediatamente acta a la dirección electrónica de los participantes.
Tanto la sesión del Órgano de Gobierno como de la Junta de Socios se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.